For Immediate Release: Tuesday, May 22, 2018
Los fondos serán usados para servicios legales que
ayudan a mantener a las familias unidas y protegen a
las personas que se esfuerzan para lograr el sueño americano
ROCKVILLE, Md., 22 de mayo de 2018 - Hoy el Concejo del Condado de Montgomery votó unánimemente para financiar $370,000 en el presupuesto del año fiscal 2019 del Condado para la representación legal de residentes del Condado de bajos ingresos que enfrentan procesos de deportación. Estos fondos servirán para financiar servicios legales, evaluar casos de deportación y proporcionar representación legal directa a individuos en procedimientos de deportación. La medida incluye restricciones para la calificación del financiamiento de la representación legal. Aquellas personas que hayan sido encontradas culpables de cometer delitos graves no calificarán para hacer uso de los fondos otorgados por el Condado. Algunos ejemplos de estos crímenes son homicidio, violación, delitos sexuales, robo de auto, extorsión, acoso, violencia doméstica, incendio premeditado, fraude y robo entre otros. La lista completa de exclusiones se puede encontrar en los círculos 4-5 del informe del personal del Concejo en https://tinyurl.com/yb4ct7u6.
El pasado 17 de abril el Concejo presentó una moción para otorgar fondos de asistencia legal a los residentes detenidos debido a procesos de deportación y el 1 de mayo se llevó acabo una audiencia pública. La medida aprobada el día de hoy fue actualizada después de consultas con la Oficina del Fiscal del Condado de Montgomery. Parte de estos cambios, fue del financiamiento del presupuesto operativo del año fiscal 2018 al año fiscal 2019.
“Hemos escuchado muchos testimonios de todos los Estados Unidos sobre la detención y deportación de residentes que poseen casas, administran sus propios negocios y tienen empleados que dependen de ellos y que se ven obligados a dejar a sus familias, incluidos niños que en muchos casos son ciudadanos,” dijo el presidente del Concejo, Hans Riemer. “El intento de nuestro Condado es garantizar que todos los residentes tengan la oportunidad de proteger sus derechos y asegurar que sean conscientes y tengan acceso a todas las opciones que tienen bajo la ley.”
“Hace más de un año les solicité a mis colegas del Concejo y al Ejecutivo del Condado que presentaran un plan de respuesta crítica en respuesta a las políticas crueles de inmigración provenientes del gobierno federal,” dijo la vicepresidenta del Concejo, Nancy Navarro. “Fuera de esta discusión, creamos el Fondo de Resiliencia, una asociación de colaboración de Greater Washington Community Foundation, Meyer Foundation y donantes individuales. Hasta la fecha, el Fondo de Resiliencia ha desembolsado subvenciones a organizaciones que trabajan en las áreas de derechos de los inmigrantes, la participación comunitaria y la lucha contra la intimidación y la intolerancia. Me enorgullece que estemos aprobando esta asignación para proporcionar representación legal a los inmigrantes en procesos de deportación. La asignación reconoce nuestros objetivos de seguridad pública y también cuida a nuestros residentes más vulnerables.”
Los procedimientos de deportación son uno de los pocos tipos de procesos legales en los que las personas son detenidas de forma rutinaria y, a menudo, se les exige litigar su caso sin un abogado. La representación legal en estos procesos ha ayudado a reunir y preservar a las familias y ha permitido a las personas conservar sus autorizaciones de trabajo legal.
“Desafortunadamente, bajo la administración Trump, hay miembros productivos de nuestra comunidad que enfrentan la amenaza de deportación,” dijo el concejal Roger Berliner. “Algunos de nuestros residentes se enfrentan a la separación de sus hijos, una gran incertidumbre económica y la convulsión completa de las vidas que han construido para ellos y sus familias. Este financiamiento asegurará que los residentes de bajos ingresos que enfrentan procedimientos de deportación tengan acceso a un abogado y una oportunidad justa en los tribunales.”
El financiamiento del Condado de esta medida solo puede utilizarse para ayudar a personas con ingresos iguales o inferiores al 200 por ciento del nivel federal de pobreza, que es de aproximadamente $24,280 para una persona y $50,200 para una familia de cuatro personas o a individuos que pueden demostrar dificultades financieras.
“Esta es nuestra oportunidad para actuar moralmente frente a la injusticia a nivel federal,” dijo el concejal Marc Elrich. “La mera noción de que permitiríamos que los niños se presenten ante un juez de inmigración como su propio abogado sería risible, si no fuera cierto. Es nuestra obligación ética actuar.”
El cambio de liderazgo en el gobierno federal ha hecho que la aplicación de la ley de inmigración no se dirija a las personas con condenas penales y ha ampliado el grupo de personas que están siendo arrastradas a los tribunales de inmigración. Según la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, la suspensión de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) aumentó el número de detenciones de inmigrantes sin condenas penales por 146 por ciento desde el año fiscal 2016 al año fiscal 2017.
“Es muy importante poder ayudar a nuestros residentes que enfrentan la expulsión en las circunstancias descritas en la resolución del Concejo,” dijo el concejal Sidney Katz. “Estoy contento de que con estos fondos podremos ayudar a las familias a permanecer juntas y continuar llevando una vida productiva en el Condado.”
“Los acusados que no están representados por un abogado terminan desproporcionadamente en procedimientos de deportación a pesar de que pueden ser contribuyentes valiosos a nuestra comunidad con los lazos familiares aquí,” dijo el concejal George Leventhal. “Ante el esfuerzo sin precedentes del presidente Trump para aterrorizar y victimizar a nuestra comunidad de inmigrantes, creo que es nuestra obligación garantizar el derecho a un abogado para aquellos que no han cometido ningún delito y no representan una amenaza para nuestra comunidad.”
“Es importante que nos mantengamos firmes con nuestra comunidad de inmigrantes, mientras que la administración de Trump intenta dividirnos,” dijo el concejal Craig Rice. “Lo que muchos no saben es que en el sistema de justicia penal, si no puedes pagar un abogado, obtienes un defensor público. En el tribunal de inmigración, no es así. En ese sentido, esta asignación es simplemente proporcionar justicia legal para nuestras comunidades de inmigrantes.”
Muchas otras jurisdicciones han reconocido la necesidad de financiar la representación legal de los residentes detenidos y en proceso de deportación. Estas incluyen la ciudad de Baltimore, el Condado de Prince George, la ciudad de Nueva York, Los Ángeles, Oakland, Sacramento, Santa Ana, Atlanta, Columbus, Chicago, Denver, Austin y San Antonio. El informe del personal del Concejo y la resolución de asignación del Concejo pueden verse en: https: //tinyurl.com/yb4ct7u6.
Release ID: 18-160